¿Cómo puede una Municipalidad simplicar los trámites a sus contribuyentes?

Los costarricenses tenemos a nuestra disposición la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos o Ley 8220. Y es aplicable a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas como las municipalidades.

Por esta razón es importante que las municipalidades ofrezcan a los ciudadanos, opciones para que los trámites sean cada vez más ágiles.

¿Cómo puede ayudar mi Municipalidad a simplificar los trámites?

Una de las formas de mayor alcance, es la implementación de herramientas digitales; aplicaciones web, aplicaciones móviles o la quiscos digitales en las Municipalidades donde el ciudadano pueda realizar sus trámites y darle seguimiento desde la comodidad de su casa.

Este tipo de desarrollos no solo generan beneficios a los ciudadanos, sino que representa un ahorro en insumos como papel, tinta para impresoras o fotocopiadoras.

Uno de los alcances importantes de esta Ley es que la información que presenten los ciudadanos no podrá ser requerida de nuevo por los entes públicos; ya sea para ese mismo trámite o para otro en la misma entidad.

Con la implementación de un Expediente Único Electrónico con los datos de los contribuyentes, los administradores de una Municipalidad tendrían a mano toda la información relevante de las personas a las que gobiernan, además evitarían que los documentos se pierdan ya que cuenta con un respaldo virtual.

El ciudadano podrá exigir responsabilidad tanto a la Administración Pública
como al funcionario público y a su superior jerárquico, por el incumplimiento de las disposiciones y los principios de la Ley 8220.

Aspectos que se considerarán en esta Ley como obligaciones o faltas graves por parte del funcionario público:

a) No aceptar la presentación única de documentos o exigir más requisitos de los establecidos en la ley, los decretos ejecutivos o los reglamentos, conforme lo establecido en la ley.

b) No respetar las competencias.

c) No dar publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley.

d) No informar de forma clara y completa a las personas interesadas sobre el trámite.

e) No resolver ni calificar las peticiones, gestiones, solicitudes y demás documentos dentro del plazo establecido para cada uno de esos trámites en la Ley General de la Administración Pública o en ley especial.

f) Incumplir el procedimiento del silencio positivo.

g) Incumplir el procedimiento de coordinación institucional e
interinstitucional.

h) Irrespetar el trámite ante única instancia administrativa.

i) Rechazar los documentos expedidos válidamente por otros órganos, entes o instituciones del Estado en el ejercicio de su propia competencia.

j) No realizar la evaluación costo-beneficio de la regulación, cuando corresponda.

k) No acatar los criterios realizados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y los principios de mejora regulatoria. Se excluyen los casos en que el criterio del MEIC no sea vinculante.

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